“Santiago no estaba de turista”

LUEGO DE CUATRO MESES SE CONOCIERON LOS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA • UNA CAUSA QUE NO TERMINA DE RESOLVERSE | Por Agostina Parisí

La causa de Santiago Maldonado guarda un entramado judicial que arroja más interrogantes que certezas. Un recorrido por algunos de sus aspectos más importantes.

sera justicia edicion 59Hay una pregunta que hace cuatro meses no tiene respuesta en nuestro país. Un interrogante que la Justicia no sabe responder, como tampoco los peritos judiciales, las Fuerzas Armadas ni los ministros del actual Gobierno nacional: ¿qué pasó con Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen?

Los estudios complementarios a la autopsia, realizados por una junta de peritos encabezada por el Cuerpo Médico Forense y el Equipo Argentino de  Antropología Forense (EAAF), concluyeron con unanimidad en que Santiago murió por asfixia por sumersión “coadyuvado por hipotermia”, a causa de las bajas temperaturas del agua en el río Chubut –donde fue hallado el 17 de octubre– y que además su cuerpo nunca estuvo en tierra. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene en la causa como querellante, “la autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan  adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó en la sumersión”.

Esta conclusión de los expertos no alcanza para determinar las circunstancias en las que murió Santiago. ¿Cómo llegó hasta el río?, ¿qué pasó minutos antes de fallecer?, ¿cómo fue?, ¿cuándo?, ¿dónde? Todavía queda mucho por conocer. Y en medio de estas preguntas, una sola certeza: Santiago  desapareció durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional, tal como lo expresa hasta el día de la fecha la carátula de la causa bajo el nombre “desaparición forzada”.

“Hablamos de desaparición forzada seguida de muerte porque hay violencia institucional, y vamos a continuar sosteniéndolo”, dijo a la prensa la abogada de la familia de Santiago, Verónica Heredia, tras conocerse los resultados. “Ahora tenemos más dudas que antes. Santiago no estaba de turista, estaba en una represión ilegal de Gendarmería”, dijo su hermano Sergio.

CULPAR A LOS MAPUCHES

La primera vez que el presidente Mauricio Macri habló con la prensa sobre Santiago Maldonado fue cuando ya llevaba diez días desaparecido. El 11 de agosto aseguró que su gobierno estaba trabajando “a destajo para tratar de ver qué había ocurrido” con el joven de 28 años. Y apuntó contra la comunidad mapuche: “Se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”. La misma línea fue compartida por todos los miembros del gabinete nacional durante los 77 días de la desaparición de Santiago y hasta después de que se encontrara el cuerpo sin vida. “No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”, dijo en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando faltó a la cita en Diputados convocada por legisladores para dar respuestas sobre el tema.

Y es que el caso de Santiago Maldonado puso en escena algo que no es nuevo: el conflicto entre las comunidades mapuches y el Estado, la represión a través de las fuerzas de seguridad como una manera de apalear y ocultar los reclamos, el eurocentrismo argentino y la disputa por la propiedad de las tierras. De hecho, la represión en la Pu Lof de Cushamen no fue la única irrupción violenta de Gendarmería en una comunidad que lucha contra el robo de tierras de la multinacional Benetton. La misma situación viven las comunidades mapuches en Río Negro contra Lewis o en Corrientes contra Tomkins.

Dentro de este escenario se encontraba Santiago, el artesano y tatuador que desde abril de este año vivía en la Patagonia argentina y el 1° de agosto acompañaba a los mapuches en Chubut, en medio de una arremetida de las fuerzas de seguridad. Quitar este elemento de vista implica sacar de escena la responsabilidad de Gendarmería en la muerte del joven.

En medio de todo, los medios de comunicación. “Tres días después de la desaparición de Santiago Maldonado, asistimos a una suerte de ‘endemoniamiento’ de la comunidad mapuche, especialmente en el programa de Jorge Lanata –luego repetido y refrendado mediáticamente por la propia ministra de Seguridad–, donde se acusaba a esa comunidad de poseer armas de guerra y explosivos para realizar acciones violentas contra la integridad de la Nación argentina, cuando en realidad nunca se logró secuestrar nada de eso en los numerosos allanamientos realizados antes y después de la desaparición de Maldonado”, afirma a Será Justicia el licenciado Javier Chilo, ex-jefe de División del Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal de la Policía Judicial, del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

UN APORTE TÉCNICO

La causa de Santiago Maldonado lleva en su carátula el nombre de uno de los delitos más aberrantes de nuestra sociedad: la desaparición forzada.Tapa-SJ059-235x300 Según la Convención Internacional de la ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

El especialista en criminalística Javier Chilo centra su mirada en los protocolos de búsqueda que existen en nuestro país para sistematizar los pasos  esenciales y lógicos que los responsables de la investigación deben seguir ante un nuevo caso. Protocolos que “existen tanto a nivel del Ministerio Público nacional o como el de la Fiscalía General de Córdoba”.

En cuanto a la aplicación, uno de los aspectos comunes más relevantes –afirma Chilo– es activar todos los procedimientos de investigación física y digital para poder establecer o descartar, antes de las primeras 72 horas de conocido el hecho, los indicadores y factores de riesgo en que podría encontrarse la persona ausente. “Se debe explorar y analizar información en tres ejes: situacional, relacional y de salud, con el objetivo de poder registrar aquella información presente en el caso que constituya un factor de riesgo. Dicho registro debe ser realizado por la instrucción, posterior e inmediatamente a la recepción de la denuncia”, explica.

En el caso de Santiago, la denuncia fue presentada por la comunidad mapuche y la familia del joven, que en un primer momento, barajaron la posibilidad de que Santiago hubiera sido detenido luego del operativo de Gendarmería. “Los organismos de DDHH nos enteramos de que una persona que había  participado de una protesta estaba desaparecida. En ese momento, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado, ya que en casos como este, sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios, no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática”, explicó el CELS a través de un comunicado oficial. En las primeras semanas –según señalaron miembros de esta organización–, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar la búsqueda y la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que comenzó a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Para Javier Chilo, pese a la existencia de protocolos basados en estándares internacionales para la búsqueda de personas ausentes por motivos desconocidos, en el caso de Santiago Maldonado “asistimos a 50 días de naufragio investigativo, hasta que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debió sacarlo del caso al juez Otranto, y pasó a encabezar la investigación el juez federal de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, quien abrió el expediente y ordenó medidas técnicas que llevaron al hallazgo del cuerpo sin vida”.

Con los resultados finales de la autopsia, los interrogantes más importantes siguen sin tener respuesta. “La experiencia internacional y local ha demostrado que las pericias médicas del cuerpo de las víctimas no siempre pueden esclarecer todas las preguntas”, señala Chilo.

Para la familia del joven, sólo una investigación independiente puede hacer posible llegar a la verdad sobre lo que ocurrió con Santiago. Mientras tanto, un grito infinito de justicia.

Nota publicada en el Será Justicia N° 59

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