Repudio ante la presencia intimidatoria de Gendarmería

 

La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba hace conocer a toda la ciudadanía su enérgico repudio a la presencia de gendarmería nacional patrullando calles y barrios de nuestra provincia inclusive incursionando en el transporte público de Córdoba con un hostigamiento y requisa a los pasajeros a quienes se le solicita mostrar su DNI, hecho que ninguna ley obliga.

Un nuevo intento de militarizar el territorio del país con la excusa de la persecución al narcotráfico y la inseguridad en una franca actitud intimidatoria hacia los ciudadanxs y vecinxs contrario a derechos constitucionales y la libre circulación.

Patricia Bullrich, bajo órdenes de Macri y de las modificaciones de la ley N° 24.059 y en acuerdo con Schiaretti accionan y pretende hacernos creer que que la fuerza sospechada del asesinato de Santiago Maldonado va a garantizar la seguridad de los ciudadanxs.

No es más que un nuevo pretexto qué pretende acompañar con represión social las medidas de ajuste del Gobierno Nacional, por otro lado hacer uso electoral con un problema tan sensible y dejar sin resolver los problemas de fondo que vive el pueblo argentino

Lo llamativo es que tanto esta fuerza de seguridad como el resto de las fuerzas que se presentan actuando de manera coordinada deben hacerlo bajo estricto cumplimiento de los protocolos y reglamentos de la fuerza provincial que tiene la jurisdicción legal, sin las cuales no pueden operar.

El silencio del fiscal general de la provincia Moyano, del resto de los fiscales actuantes y las explicaciones del secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, que sostuvo que los gendarmes tienen facultades para intervenir en cualquier delito son prueba de este entendimiento antidemocrático.

Este tipo de operativos lejos de resolver la problemática de seguridad la agravan además de invisibilizar a los verdaderos responsables del crimen organizado. Ante el crecimiento de la desigualdad y la protesta la respuesta del Estado es las calles con armas.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional y provincial por estas decisiones que van a contramano de las necesidades de la población e inclusive de las propias medidas pretendidas por el Gobierno Provincial en en materia de una seguridad democrática.


Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.