La sentencia que pronunció el TOF Nº1 el 25 de agosto fue la sexta leída en torno a causas por delitos de lesa humanidad ocurridos durante los años de la última dictadura en Córdoba. Como sucedió en todos los procesos anteriores, fueron numerosos testimonios los que han abierto el camino hacia otras causas que ampliaron el universo de investigaciones que habían servido de base para el proceso iniciado en diciembre de 2012.

Derivaciones de la UP1

Sobre finales del mes de julio, la Cámara de Casación Penal confirmó el tribunal que deberá hacerse cargo de la causa conocida como causa de los Magistrados. Allí, se examinará el rol de un conjunto de ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba en tiempos de la última dictadura. Las imputaciones son por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo y el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez estarán en el banquillo de los acusados junto a Ricardo Haro y Luis Molina, dos ex defensores oficiales en tiempos de la última dictadura militar. Para muchos, los funcionarios podrían haber sido enjuiciados durante el proceso que terminó con la condena por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín (UP1). Los tiempos procesales, para algunos, y la inconveniencia generada por la incomodidad de sus pares en la Justicia Federal, para otros, hicieron que ambas causas llegaran a juicio oral por caminos separados. Los tiempos parecen haber cambiado, y aunque las recusaciones continúan estando en medio del camino, todo parece estar listo para que el TOF Nº2 ponga fecha para el inicio del debate. Hasta hoy, el tribunal estará integrado por los jueces Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu (La Rioja) y Juan Carlos Reynaga (Catamarca).

(…) Una de las novedades que también se desprende del juicio a la UP1 podría derivar en otro próximo juicio. La causa lleva el nombre de Pino e involucra al entonces subteniente Luis Alberto López, al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz y al teniente Coronel Víctor Pino. Por su participación en diferentes grados, se deberá volver a trabajar sobre los hechos que investigan los ‘traslados’ de José Ángel Pucheta, Carlos Alberto Sgandurra, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Arnaldo Higinio Toranzo, Gustavo Adolfo de Breuil, Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Felisa Páez, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. Es decir, cuatro de los trece hechos que ya han sido juzgados en el juicio por los tormentos y asesinatos de “detenidos especiales” de la UP1.

Si bien son hechos que ya fueron juzgados en el juicio que tuvo su veredicto a finales del año 2010, los tres acusados arriba mencionados no formaron parte de la treintena de acusados que encabezaban Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Los abogados habían interpuesto una instancia de casación que fue resuelta y dejó todo listo para el camino al juicio oral. Cabe destacar que a diferencia de Mones Ruiz y Pino, que ya han respondido por algunos hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, López no. Ahora deberá responder a la acusación que lo señala como responsable de llevar a la cárcel de San Martín la disposición del general Sasiaiñ, que ordenaba a un grupo de efectivos del D2 el “traslado” de los detenidos Pucheta y Sgandurra. Se estima que la causa no debería llevar demasiado tiempo, ya que los hechos fueron acreditados en el proceso que terminó con las condenas antes mencionadas. Los pasos a seguir deberán determinar si este proceso se juzga en soledad, lo que implicaría un proceso relativamente corto, o si se suma a la ya mencionada causa de los Magistrados. Para ambos casos, habrá que conformar un tribunal en el que no estén ni Jaime Diaz Gavier ni Carlos Lascano ni José María Pérez Villalobo, que ya han juzgado y dictaminado sentencia sobre los hechos que se investigan.

El D2 y el Comando Radioeléctrico

Otro juicio por venir sentaría en el banquillo a 29 acusados, entre los que se encuentra personal del Departamento de Informaciones (D2), al igual que policías de Alta Gracia, personal de infantería y del Comando Radioeléctrico, además de las cabezas del Ejército. Hay dos situaciones que aquí se destacan sobre el resto. Una de ellas es que están acusados el jefe de infantería, policía de Alta Gracia y personal del Comando que aún no fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad. El otro, que la causa contiene víctimas asesinadas, como también un número importante que han sobrevivido a los tormentos impuestos.


 

Expedientes que aguardan en el tintero

(…) Según señala la titular de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, Graciela López de Filoñuk, hay 4 causas elevadas a juicio en el Tribunal Oral Federal N° 1 que no ingresaron en la megacausa La Perla y que hoy se encuentran con expedientes apelados ante la Cámara Federal de Apelaciones. En esas 4 causas se busca determinar responsabilidades por violaciones a las que fueron sometidas un total de 38 víctimas. En el mismo tribunal están elevadas otras 3 causas con 61 victimas que desde hace tiempo esperan por su juicio. Es difícil pensar que antes del 2017 el TOF N° 1 pueda llegar a realizar el proceso previo necesario para llevar adelante otro juicio, sobre todo teniendo en cuenta los intensos últimos cuatro años que demando la megacausa.

La situación de otras 134 victimas forma parte de 20 causas que ya están en trámite en el Juzgado Federal N° 3, sobre las que ya existen las promociones de acción penal necesarias.

Nota publicada en la edición N° 57 del Será Justicia.