La causa Pino Cano sentó en el banquillo de los acusados a tres ex militares por el fusilamiento de 13 presos políticos en la ex cárcel de barrio San Martín (UP1). El juicio se extendió por más de un mes y medio, y se constituyó a partir de un desprendimiento de un proceso judicial anterior: el juicio Videla, que se desarrolló en Córdoba durante el año 2010 y condenó a prisión perpetua a dos de los máximos responsables del terrorismo de Estado, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

La causa “Pino Cano y Otros, homicidio agravado con ensañamiento” investigó los delitos cometidos contra víctimas detenidas por razones políticas en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la policía (D2) -actual Archivo de la Memoria- de la capital cordobesa. Las víctimas fueron retiradas de la UP1 y luego asesinadas en 1976 en supuestos ‘intentos de fuga’.

Fue el octavo proceso de lesa humanidad en Córdoba. Tuvo lugar en Tribunales Federales, donde el 25 de agosto del año pasado concluyó la histórica megacausa La Perla. El juicio comenzó el 8 de marzo y finalizó el 19 de abril de 2017.

Las víctimas eran estudiantes, militantes sociales y políticos, y trabajadores de Córdoba. José Ángel Pucheta, Carlos Alberto Sgandurra; Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo De Breuil, Arnoldo Higinio Toranzo; Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Felisa Páez de Rinaldi; Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz, Marta Juana González de Baronetto.

El proceso oral juzgó a tres ex militares: Víctor Pino Cano –ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II–, Enrique Mones Ruiz –ex teniente– y Luis Alberto López –ex subteniente. Todos acusados de homicidio agravado. Los dos primeros ya contaban con una condena anterior, dictada en el marco del juicio Videla. Luis Alberto López llegó al banquillo de acusados como el único ex militar desafectado de acusaciones por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal Nº1, a cargo de Julián Falcucci, José Vicente Muscará y José Quiroga Uriburu, absolvió a los tres imputados.

La fiscalía fue integrada por Maximiliano Hairabedian y las defensas fueron ejercidas por Natalia Bazán, integrante de la Unidad Móvil de Letrados de la Defensoría General de la Nación y los abogados particulares Julio Deheza, Fernando Martínez Paz, Gerardo Ibañez y Rita Elena Genise. Las querellas estuvieron a cargo de los abogados Claudio Orosz, Adriana Gentile y Gabriela Noemí Bautista.

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