La causa de los magistrados investiga la complicidad del accionar de ex jueces, defensores y fiscales de la justicia federal de Córdoba durante el terrorismo de Estado. Los hechos que se investigan son el abuso de autoridad, la violación a los deberes de funcionario público, el incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y el encubrimiento, cometidos en contra de 75 víctimas.

Diez años pasaron desde que fue iniciado el expediente en septiembre de 2007 hasta llegar a la instancia de juicio oral y público. Tras postergaciones por recusaciones por “amistad íntima”, apartamientos de jueces y fiscales, y apelaciones de las defensas, la causa se elevó a juicio en noviembre de 2015. También, por dilataciones respecto a la integración del tribunal, el mismo fue conformado por jueces de otras provincias.

El juicio está a cargo del Tribunal Federal N° 2 de Córdoba (TOF) conformado por Julián Falucci, presidente, José Camilo Quiroga Uriburi, desde La Rioja, y Jorge Sebastián Gallino de Entre Ríos. El juicio comenzó el 25 de julio de 2017 con audiencias los lunes y martes por la mañana.

Los imputados son Antonio Sebastián Cornejo quien para la época de los hechos se desempañaba como procurador fiscal federal de Córdoba. Miguel Ángel Puga, quien ejercía como juez federal N° 2 de Córdoba; Ricardo Haro, con el cargo de defensor público oficial de la Justicia Federal de Córdoba hasta agosto de 1976 cuando asume como juez de la Cámara Federal de la ciudad de Córdoba; Carlos Otero Álvarez, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. Alí Fuad Alí y Luis Eduardo Molina fueron apartados porque se considsera que no están en condiciones físicas y psicológicas de hacerlo.

La causa surge como desprendimiento del juicio Videla de 2010 que juzgó el asesinato de 31 presos políticos bajo los denominados “operativos ventilador”, en manos del Ejército y la Policía de Córdoba, y en donde surgieron nuevos testimonios para esta causa. Los imputados deben responder por la complicidad con las torturas y asesinatos cometidos por el Ejército y la Policía entre abril y noviembre de 1976. Sus muertes fueron calificadas como “enfrentamientos” e “intentos de fuga”. Entre los hechos, una de las víctimas murió luego de ser estaqueada en el patio del Penal de barrio San Martín la noche del 14 de julio; y otra fue ejecutada de un tiro en la cabeza en el mismo lugar frente a otros presos.

En representación del Ministerio Público Fiscal está el fiscal Carlos Gonella. La querella está conformada por los abogados: Miguel Edgardo Martínez por Diego Bauducco; Patricia Chalup y Adriana Gentile por Juan Miguel Ceballos; Claudio Orosz por Martín Mozé; Lyllan Luque y Elvio Zanotti por Artemia Myriam Funes; Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile por Luis Miguel Baronetto y Marta Baronetto, Raquel del Valle Altamira y Miguel Hugo Vaca Narvaja, y Adriana Gentile por José Ángel Pucheta. Mientras que las defensas particulares estarán integradas por Roque Carlos Lescano y Ángel Ignacio Carranza en representación de Cornejo y Puga; Julio Deheza y Marcelo Brito por Otero Álvarez; y Benjamín Astudillo por Haro.